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Alemania impulsa un impuesto a las bebidas azucaradas para julio de 2027

Publicado el 2026-10-15 · Mix Radio

Refrescos y agua en un puesto de Nueva York el 7 de mayo de 2018. Imagen de archivo; no corresponde a comercios alemanes actuales.

Refrescos y agua en un puesto de Nueva York el 7 de mayo de 2018. Imagen de archivo; no corresponde a comercios alemanes actuales. Foto: AP Photo / Mark Lennihan. Recorte 16:9.

Alemania ha dado un nuevo paso hacia un impuesto a las bebidas azucaradas. El gabinete federal aprobó el 14 de octubre la iniciativa que busca reducir el consumo de azúcar y contribuir a estabilizar la financiación sanitaria, según el Gobierno alemán. La entrada en vigor se plantea para julio de 2027; todavía debe completarse el procedimiento legislativo.

La medida se dirige a productos como refrescos, tés fríos, bebidas energéticas, néctares y determinados concentrados. La carga dependería de la cantidad de azúcar, para incentivar que los fabricantes reformulen sus recetas.

Dos tramos y varias excepciones

De acuerdo con el detalle del proyecto recogido por Euronews, las bebidas con al menos 5 y menos de 8 gramos de azúcar por cada 100 mililitros pagarían 0,26 euros por litro. Desde 8 gramos, la tasa sería de 0,32 euros por litro.

La propuesta contempla exclusiones para la leche, bebidas de avena o arroz, zumos puros y determinadas alternativas sin azúcar añadido. Los productos endulzados con edulcorantes también quedan fuera del esquema descrito por el Ejecutivo.

Los pequeños fabricantes independientes tendrían una exención ligada a su volumen de producción. Una ampliación adicional de esa excepción necesitaría la aprobación europea correspondiente a las ayudas de Estado.

El precio final no está fijado por el Gobierno

El Ejecutivo reconoce que el diseño del tributo permite trasladar el coste al consumidor, pero fabricantes y comercios mantienen libertad para establecer precios. Por ello, no puede afirmarse que todas las latas o botellas subirán una cantidad idéntica.

El Gobierno presenta la medida como una intervención de salud pública y financiación sanitaria. Esa finalidad es un objetivo del proyecto: no constituye una mejora de salud ya medida ni una recaudación obtenida. Los efectos dependerán de la norma final, de las recetas y de las decisiones de compra.

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