Publicado el 2026-10-18 · Mix Radio
Gorro de electroencefalografía colocado sobre un melón en una fotografía de 2019; no muestra una prueba judicial. Foto: Sdwilli / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Recorte horizontal 16:9, bajo la misma licencia.
Los datos que registra un dispositivo sobre la actividad del cerebro podrían acabar utilizados en un procedimiento judicial. Esa posibilidad centra una advertencia de Naciones Unidas sobre la expansión de la neurotecnología fuera de los hospitales y laboratorios, según ONU Noticias, en su información del 15 de octubre reproducida por Global Issues.
Claudia Fuentes Julio presentó ese jueves el informe del secretario general ante la Asamblea General. Incluye datos de aparatos comerciales de bienestar, videojuegos o productividad.
Una señal cerebral no debe tratarse automáticamente como una confesión
El informe alerta del peligro de considerar las señales del cerebro indicadores directos de pensamientos, intenciones o veracidad. Pide validación científica, consentimiento informado, supervisión y protección reforzada para los datos neuronales, además de prohibir usos coercitivos o abusivos. La advertencia describe riesgos: no acredita que cualquier aparato pueda leer pensamientos ni que sus resultados sean pruebas fiables.
La cuestión es también para qué se reutiliza la información. Un registro obtenido con una finalidad médica o de bienestar puede plantear problemas diferentes si después se incorpora a una investigación o a un tribunal.
Qué había antes de este informe
El debate no empieza ahora. La UNESCO adoptó en 2025 una Recomendación sobre la Ética de la Neurotecnología. Su explicación del instrumento distingue las aplicaciones médicas de la expansión comercial y reclama consentimiento explícito y transparencia. También advierte sobre la vigilancia de la productividad y la creación de perfiles de empleados.
La neurotecnología comprende herramientas que interactúan con el sistema nervioso para medirlo, modularlo o estimularlo. Incluye usos asistenciales, como interfaces que permiten controlar prótesis o facilitar la comunicación. Esos beneficios no resuelven por sí solos quién puede conservar los datos, compartirlos o darles otra finalidad.
La novedad de la alerta de octubre es el foco en la administración de justicia y su relación con la inteligencia artificial. La recomendación previa aporta un marco ético; el nuevo informe reclama salvaguardas para usos concretos. Ninguno de esos anuncios demuestra que todos los países hayan aprobado ya las mismas reglas.
