Publicado el 2026-10-09 · Mix Radio

Sede de la Corte Penal Internacional en La Haya, el 12 de mayo de 2019. Foto: OSeveno / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Recorte 16:9.
Las sanciones a la CPI abarcan ahora a la propia institución. Estados Unidos incluyó este 9 de octubre de 2026 a la Corte Penal Internacional (CPI) como institución en su lista de sanciones. Noruega reafirmó su respaldo al tribunal y anunció que evalúa con otros países cómo proteger su funcionamiento. La decisión estadounidense amplía la presión que hasta ahora había recaído sobre jueces y fiscales, aunque viene acompañada de licencias que permiten determinadas operaciones.
La inclusión figura en la actualización oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense, conocida como OFAC. La entrada identifica a la Corte, con sede en La Haya, bajo el programa de sanciones de la orden ejecutiva 14203. Se trata de una designación de la propia entidad: la novedad no consiste únicamente en añadir el nombre de otro funcionario judicial.
Las excepciones importan para entender el alcance
La misma actualización de la OFAC publica cuatro licencias generales, numeradas del 13 al 16. Cubren ciertas transacciones con la Corte, determinadas actividades de telecomunicaciones y software empresarial, pagos de pensiones y operaciones vinculadas a determinados detenidos. Una licencia general autoriza actividades concretas dentro de un régimen de sanciones; no elimina la designación de la institución.
Por eso, la inclusión en la lista no permite concluir que todos los servicios del tribunal se hayan interrumpido de inmediato. El alcance de cada excepción depende del texto de su licencia. Tampoco la actualización de la OFAC anuncia el cierre de la Corte ni la cancelación general de sus procedimientos.
Washington invoca su soberanía
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la decisión el viernes y defendió que Estados Unidos y sus ciudadanos no están sujetos a la jurisdicción de la Corte, según la información de Associated Press sobre el anuncio. La noticia sitúa la medida dentro de la campaña estadounidense contra el tribunal por sus investigaciones sobre Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel.
El anuncio coincidió con el día en que Navi Pillay, antigua jueza de la CPI, recibió el Nobel de la Paz. Esa coincidencia temporal no demuestra que el premio haya causado la decisión de sancionar al tribunal.
La Corte pide medios para seguir trabajando
En su comunicado del 9 de octubre, la CPI confirma que las sanciones se dirigen ahora contra la institución y señala que la medida llega después de designaciones contra trece jueces y fiscales. Ese número corresponde al personal judicial citado por la Corte, no a un recuento de todas las personas sancionadas por Estados Unidos en este programa.
El tribunal, creado mediante tratado, recuerda que sus 125 Estados partes le encomendaron investigar y juzgar genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Su presidenta, Tomoko Akane, sostiene que continuará cumpliendo su mandato con independencia e imparcialidad, conforme al derecho y las pruebas.
La CPI interpreta la designación como un intento de perturbar sus operaciones e intimidar a quienes trabajan para ella o colaboran con ella. Pide a los Estados medidas concretas que garanticen los recursos necesarios para mantener su actividad. Es una advertencia sobre los riesgos para la continuidad del trabajo y una petición de apoyo, no un anuncio de que sus actuaciones hayan terminado.
Qué respuesta ofrece Noruega
El ministro de Exteriores, Espen Barth Eide, afirma en una declaración publicada por el Gobierno noruego que el tribunal debe poder actuar sin presión política. Vincula su defensa con la lucha contra la impunidad por los crímenes más graves y con la necesidad de cooperación entre Estados.
Eide indica que Noruega apoya los esfuerzos de la Corte para reducir los efectos de las sanciones y estudia con países afines cómo respaldarla y protegerla. La declaración no concreta una nueva cantidad de financiación, una contramedida aprobada ni un calendario de aplicación.
Existe una diferencia que conviene conservar entre los documentos: el texto noruego habla de sanciones anunciadas y formula sus consecuencias de manera condicional, mientras que la actualización de la OFAC y el comunicado de la CPI ya registran la designación de la institución. Todos están fechados el 9 de octubre; no son equivalentes un respaldo diplomático, la decisión estadounidense y sus efectos operativos efectivos.
Ocho ministros también expresan su respaldo
Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido publicaron una declaración conjunta en defensa de la independencia e integridad de la CPI. Noruega expresó su posición por separado y no aparece entre esos ocho firmantes.
Los ministros advierten del impacto potencial sobre el trabajo de la Corte, su personal y sus familias. También plantean continuar la cooperación y el diálogo con países que no son parte del tratado de cara a la Asamblea de Estados Partes de diciembre de 2026. El texto establece una posición común de apoyo; no anuncia por sí mismo un mecanismo financiero nuevo.

