Publicado el 2026-10-03 · Mix Radio
Imagen de archivo: David Rivera a la salida de un tribunal de Miami, el 20 de diciembre de 2022. © Joshua Goodman / AP, vía France 24.
La jueza federal Melissa Damian condenó a David Rivera a 10 años de prisión el 2 de octubre de 2026 en Miami, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El jurado lo había declarado culpable de conspirar para infringir la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), infringir esa ley, conspirar para lavar dinero y realizar cuatro transacciones con bienes de origen delictivo. El caso se relaciona con gestiones no registradas para el Gobierno venezolano.
Revisión del 20 de octubre de 2026: se añade la fuente judicial institucional y se precisa la fecha y los delitos. El importe del contrato no equivale por sí mismo al dinero lavado.
El caso dibuja un fuerte contraste entre el discurso público de Rivera, asociado a la línea anticomunista de la política de Florida, y las gestiones que, según los fiscales y documentos judiciales, realizó a favor de Caracas. La trama incluye contactos con altos cargos venezolanos, un magnate de medios, mensajes cifrados y un millonario contrato ligado a la petrolera estatal PDVSA.
¿Cómo se originó la trama de lobby y quiénes participaron?
Documentos judiciales señalan que en 2017 Delcy Rodríguez, identificada en comunicaciones internas como “La Dama de Rojo”, fue quien reclutó a David Rivera para intentar influir en la posición de la Administración Trump hacia el Gobierno de Nicolás Maduro. La acusación vinculó estas gestiones a contratos de consultoría con una filial estadounidense de PDVSA.
Rivera había sido aliado del hoy secretario de Estado Marco Rubio y, de acuerdo con esos documentos, ambos llegaron a compartir residencia en Tallahassee al inicio de sus carreras políticas. Como legisladores por Florida, primero a nivel estatal y luego federal, compartieron también la retórica anticomunista típica del conservadurismo local, apoyado por votantes exiliados y migrantes de origen cubano y venezolano.
Los fiscales describieron que, mientras públicamente Rivera condenaba a los gobiernos de La Habana y Caracas, al mismo tiempo realizaba gestiones a favor de Nicolás Maduro para intentar modificar la línea de la Casa Blanca. Afirmaron que buscaba que Washington abandonara la política de sanciones y normalizara relaciones con Caracas, actuando sin registrarse como agente de un gobierno extranjero, como exige la ley estadounidense.
En el juicio, se explicó que el Gobierno venezolano se comunicaba con Rivera a través de Raúl Gorrín, un magnate de medios que enfrenta cargos por soborno en Estados Unidos. La información sobre su posible detención en Venezuela no estaba confirmada oficialmente.
Durante las siete semanas de juicio se exhibieron mensajes cifrados de los implicados. En esos intercambios, Rubio aparecía bajo el alias “Miss Clairol”, en referencia a una marca de tinte para el cabello; Maduro era “el conductor del autobús”, por su antiguo oficio, y los pagos eran llamados “La Luz”.
¿Qué reveló el juicio sobre el dinero y la influencia política?
Rivera, representante federal entre 2011 y 2013, fue juzgado junto con la consultora política Esther Nuhfer, señalada como parte de la misma operación. Ambos escucharon en sala cómo los fiscales los acusaban de intentar manipular a contactos influyentes, como Marco Rubio, ya senador por Florida, y el congresista texano Pete Sessions, para que presionaran a la Administración Trump en favor de un giro hacia Maduro.
Durante el proceso, Rubio y Sessions declararon que se sintieron traicionados al enterarse de que Rivera había firmado un contrato de consultoría millonario con una filial en Estados Unidos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Pese a ese testimonio, se mencionó que Sessions remitió una carta pidiendo clemencia para Rivera el 2 de octubre.
La acusación sostuvo que Rivera evitó registrarse como cabildero de un gobierno extranjero para proteger su carrera política en Florida, al considerar que su imagen se vería dañada si se conocía que había intermediado en favor de Maduro. El caso incluyó contratos de consultoría por 50 millones de dólares vinculados a PDVSA.
En su alegato, el fiscal adjunto Roger Cruz sostuvo que las verdaderas víctimas de esta operación eran Estados Unidos y el público, a quienes, según él, Rivera habría defraudado. Afirmó que el excongresista usó una posición de confianza y la traicionó de forma constante y repetida.
La defensa sostuvo que las gestiones buscaban facilitar el regreso de ExxonMobil a Venezuela tras las expropiaciones y que no requerían el registro como agente extranjero. El abogado Ed Shohat defendió esa interpretación frente a la acusación. Rivera anunció que pretende apelar; también había solicitado un indulto en junio.
